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jueves, 26 de febrero de 2015

La criminalización de la protesta social durante el gobierno de Ollanta Humala



Cuando un gobierno persigue y acosa a quienes expresan el descontento popular, cuando endurece la represión y criminaliza la protesta social –no olvidemos que se encuentra vigente la «Ley de Licencia para matar» (Ley 30151) y otros Decretos Supremos que buscan garantizar la impunidad de policías y militares al hacer uso de la fuerza–, eso quiere decir que entró en una etapa de desesperación. La crisis del sistema capitalista y su modelo neoliberal superó la capacidad de respuesta del actual gobierno y las clases dominantes, y ante el creciente descontento popular y cuando algunos sectores empiezan a cuestionar el actual modelo de crecimiento que sólo beneficia a unos pocos privilegiados y no a las grandes mayorías, ya no le interesa quedar ante la opinión pública y ante el mundo como un gobierno represor y violador de los derechos humanos. En consecuencia, creemos que hay que prepararse para una mayor criminalización de la protesta. Estamos avisados.

martes, 17 de julio de 2012

Defensores de la naturaleza criminalizados


Ninguna persona puede ser asesinada, ni herida, amenazada, intimidada o detenida por manifestarse en búsqueda de la justicia social y defensa de los derechos humanos y la madre tierra. Pero eso es lo que ha sucedido esta semana en Perú. Los manifestantes se oponían al proyecto minero Conga, que secará cuatro lagunas y afectará negativa e irremediablemente la vida de los pobladores de Cajamarca.

lunes, 27 de febrero de 2012

Víctimas y familiares de muertos y desaparecidos en guerra interna reivindican reparación justa


El conflicto interno que enfrentó la población peruana duró de 1980 hasta el año 2000. Durante ese período, la estimación indica que 100 mil personas han sido afectadas de las más diversas formas, tales como asesinato, torturas, violaciones sexuales, desaparición o desplazamientos forzado, detenciones arbitrarias, entre otras. La mitad de los casos ocurrió en Ayacucho, donde la guerrilla Sendero Luminoso inició la lucha armada en los años 80. Los casos de Ayacucho, si se suman a los de Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Junín acumulan el 83% del total de víctimas.

jueves, 22 de julio de 2010

Gobierno anuncia que entregará indemnizaciones individuales en 2011

No es de ahora que las víctimas del conflicto piden al gobierno justicia y reparaciones económicas por los acontecimientos pasados. Solamente la Coordinadora Nacional de Organizaciones Afectadas por la Violencia Política (Conavip) tiene 30 años de lucha por garantizar los derechos de las personas afectadas.
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