Trabajo juvenil, desempleo y repartición individualista

En el Perú se acaba de promulgar la ley que promueve la apertura de puestos de trabajo para los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad. Su espíritu es loable, pero la intención real es criminal. A un pueblo que sufre el índice más alto de desigualdad socio-económica en América Latina, se le reducirá aún más sus ingresos para alimentar las arcas de los “empresarios”. Así se hace empresa en el Perú: robando, coimeando, traficando, y reduciendo por ley el precio de la mano de obra. Para eso sirven los presidentes y congresistas “elegidos por el pueblo”.

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Desastre para los indígenas aislados: Perú aprueba la expansión de Camisea

Perú ha aprobado la polémica expansión del proyecto de gas de Camisea en la tierra de tribus amazónicas no contactadas, pese a la indignación internacional generada por los planes de ampliación, la dimisión de tres ministros y la condena de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

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Diez años después [del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación]

La semana pasada, el funcionario del Ministerio del Interior que intervino durante la presentación del Manual de Quechua, señaló que era muy simbólico que el libro hubiera sido distribuido cuando estaba por cumplirse el décimo aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tomando en cuenta que allí se denunciaba el sufrimiento de la población quechuahablante durante el conflicto armado.

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Hugo Blanco: la Tierra, con mayúscula

Con casi 80 años a cuestas, el peruano Hugo Blanco, ex líder campesino, ex sindicalista, ex guerrillero, continúa peleando por la tierra. “Ya no es sólo por la reforma agraria, también por la defensa del planeta. Ser de izquierda hoy, ser revolucionario, es defender el ambiente, el acceso al agua, luchar contra la gran minería, las hidroeléctricas que inundan, contra las causas del cambio climático”, dice. Y sigue soñando. 

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Primer año de Ollanta Humala

De hecho, ninguna de las promesas cumplidas en el ámbito social durante este año puede opacar el saldo de quince personas muertas por las fuerzas policiales. En los últimos seis meses, especialmente, el gobierno ha continuado la política de García, empleando desproporcionadamente armas de fuego para reprimir manifestaciones sociales.

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Víctimas y familiares de muertos y desaparecidos en guerra interna reivindican reparación justa

El conflicto interno que enfrentó la población peruana duró de 1980 hasta el año 2000. Durante ese período, la estimación indica que 100 mil personas han sido afectadas de las más diversas formas, tales como asesinato, torturas, violaciones sexuales, desaparición o desplazamientos forzado, detenciones arbitrarias, entre otras. La mitad de los casos ocurrió en Ayacucho, donde la guerrilla Sendero Luminoso inició la lucha armada en los años 80. Los casos de Ayacucho, si se suman a los de Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Junín acumulan el 83% del total de víctimas.

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“La unidad de los pueblos por la vida y por el agua”

Hace ya algún tiempo venimos estudiando las diferentes dimensiones de la disputa entre proyectos hegemónicos y contra-hegemónicos en la coyuntura mundial contemporánea y la complejidad que esto significa para la geopolítica latinoamericana. Nuestras investigaciones muestran que la disputa por los recursos naturales estratégicos ha adquirido una centralidad cada vez mayor en la dinámica de acumulación del capitalismo contemporáneo, creando prácticas cada vez más violentas de expropiación y de expulsión de las poblaciones locales, generalmente indígenas y campesinas, de los territorios productores de estos recursos. Estos conflictos se apoyan cada vez más en una política de militarización de los territorios y criminalización de los movimientos sociales en la región.

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¿Cómo se discrimina en el ámbito laboral?

Por si alguien suponía que el crecimiento económico de los últimos años lograría cerrar las brechas que separan a los peruanos por su color o por su apellido, los estudios que se vienen realizando desde el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico (CIUP) comprueban que no ha sido así.

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