En el Perú se acaba de promulgar la ley que promueve la apertura de puestos de trabajo para los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad. Su espíritu es loable, pero la intención real es criminal. A un pueblo que sufre el índice más alto de desigualdad socio-económica en América Latina, se le reducirá aún más sus ingresos para alimentar las arcas de los “empresarios”. Así se hace empresa en el Perú: robando, coimeando, traficando, y reduciendo por ley el precio de la mano de obra. Para eso sirven los presidentes y congresistas “elegidos por el pueblo”.
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