Los retrocesos en la aplicación de la Ley de Consulta y el paquete de medidas
del gobierno que flexibiliza los procesos de certificación ambiental marca un
contexto en que la inversión minera y la conflictividad social que se deriva de
ésta se expande hacia el sur andino del Perú. La presentación del reporte estuvo a cargo de representantes de las
organizaciones no gubernamentales Grupo de Formación e Intervención para el
Desarrollo Sostenible (Grufides), Acción Solidaria para el Desarrollo
(CooperAcción) y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz)
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