En relación con la atención de los conflictos, la Defensoría del Pueblo señala que la principal competencia para resolver los casos recayó sobre el Gobierno Nacional (157 casos); los Gobierno Regionales (y sus diversas instancias) son los principales responsables por la atención de 50 casos y los Gobiernos Locales son responsables, por competencia, en 28 casos.
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