
La manifestación ocurre en rechazo al informe del Gobierno sobre la masacre de Bagua, la aprobación de la ley que regule el proceso de consulta a las comunidades conforme al Convenio 169 de la OIT, la exigencia a la conformación de una nueva Comisión Investigadora integrada por instituciones representativas y de solvencia moral, que realicen una autentica investigación y la ampliación de las mesas de diálogo sobre los temas vinculados a los derechos indígenas
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