
En el Perú el gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo económico.
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