Perú

Minería en Perú y vulneración de derechos

La minería es una de las actividades más codiciadas por los países del tercer mundo. Su alto nivel de inversión con ingresos a corto plazo para el fisco y su contribución al crecimiento macroeconómico la hace atractiva para los Estados pobres que buscan generar ingresos en sus alicaídas economías. No es casualidad que en esta última década las inversiones para exploración minera se hayan concentrado en América Latina[1]. No obstante y pese al aporte de la minería al crecimiento económico, la misma no ha logrado repercutir en el desarrollo de los países y menos contribuir a la sostenibilidad. El Perú es muestra clara de ello, mientras se declara un crecimiento económico de 7.9% del PIB gracias a la minería[2], sigue habiendo un nivel de pobreza del 44.5 %[3] que se agudiza paradójicamente en las zonas donde están ubicadas las industrias mineras[4]. Ello sin tomar en cuenta los severos impactos ambientales que genera. Tan sólo el coste anual de los daños ambientales se calcula en 3.7% del PIB peruano. Punto a parte son los severos impactos sociales que esta actividad genera y los conflictos que surgen a partir de ella.

En Perú sin duda el caso más emblemático es el de la mina Yanacocha[5] ubicada en Cajamarca, región del norte de este país. Quince años de minería en una zona que sigue disputándose los primeros lugares de pobreza[6], mientras la empresa ha producido 3,3 millones de onzas de oro anuales[7]. Yanacocha no solo trasciende por ser la primera productora de oro en Latinoamérica, sino también por todos los problemas sociales que ha generado. No en vano Covalence, reconocida consultora en Responsabilidad Social[8] ha dado a Newmont, la mayor accionista de Yanacocha, el último lugar en su ranking de empresas que respetan ética y derechos. Este merecido lugar lo tiene ganado gracias a la serie de denuncias por hechos como apropiación de tierras de campesinos con pagos de $30 dólares por Ha., destrucción de caminos públicos, desabastecimiento de agua a las comunidades, diversas denuncias de contaminación y, como no, el derrame accidental, o mejor dicho negligente, de 151 Kg. de mercurio en el poblado de Choropampa en el 2000[9] que provocó la contaminación de más de 5.000 personas cuyas secuelas en la salud aún hoy se evidencian y que nunca ha merecido la atención del Estado y menos aún de la empresa. Por supuesto la empresa jamás ha admitido responsabilidad en estos sucesos y los ha dado por cerrados. En un país donde más allá de la política de atracción de inversiones no existen políticas de control y fiscalización, en donde el gobierno se constituye solo como aliado de los inversionistas y se olvida de su rol social frente a su población, en un país donde los desacuerdos son acallados con represión, la minería no es percibida como una oportunidad sino como una amenaza para los pueblos. Finalmente los índices de crecimiento económico no significan tanto cuando ello significa sacrificar derechos fundamentales y la vida de toda una población.

[1] Según la CEPAL (2007), AL concentra 24% de las inversiones en minería para el 2007.
[2] Instituto Nacional de Estadistica (INEI) Setiembre 2007.
[3] INEI 2006.
[4] Hoy en día cerca del 88% de las poblaciones que se encuentran en zonas de influencia de la actividad minera se ubican entre los estratos de extrema pobreza, muy pobre o pobres, según cifras oficiales del Fondo de Compensación Social (FONCODES). Cabe resaltar los ejemplos de Cajamarca (2da. Región mas pobre del país) y Pasco.
[5] Yanacocha es un transnacional compuesta de tres socios: Newmont (EE.UU) con 51.36% de acciones, Buenaventura (Perú) con 43.64% de acciones y el IFC del Banco Mundial con 5% de acciones.
[6] Cajamarca tiene 64.5% de pobreza según cifras del INEI para el 2007, con lo que se ocupa dentro de las 6 regiones más pobres del país.
[7] Cifra alcanzada en el año 2005.
[8] COVALENCE, Ethical Quotation System (21 de julio 2007).
[9] Choropampa es el poblado ubicado en la carretera de acceso a la ciudad de Cajamarca. Por esta carretera transitan permanentemente los insumos de la empresa minera.

Del Boletín Empresa y Derechos Humanos, Esade, octubre 2008